Maidana y Núñez ya habían declarado estar en contra de este proyecto, ya que ignora el principio del artículo 46 de la Constitución Nacional que habla sobre el principio de igualdad ante la ley, y que con solamente por ser funcionario público ya reduce la condena al 50% con la devolución de lo sustraído al patrimonio.
“No es justo que otros ciudadanos, por haber cometido igual hecho punible, tengan una pena mayor”. “No consideramos que sea beneficioso”, manifestó Maidana en una entrevista con la 1020 AM.
Actualmente, el proyecto se encuentra en la Cámara de Senadores y la sanción ficta se prevé para el 31 de mayo. En caso de no ser tratada en la fecha, su aprobación será automática.
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