El legislador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, argumentó que el dictamen aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto, lo que fue respaldado por varios senadores.
Indicaron que se realizaron modificaciones para incluir casos en los que el homicidio sea cometido por un padrastro o la madre, y para que la pensión sea abonada por el Estado, con un valor equivalente a 15 jornales mínimos, un poco más de G. 1.500.000 aproximadamente, hasta la mayoría de edad o mientras dure la discapacidad del beneficiario.
Con estas modificaciones, el proyecto busca brindar apoyo económico a las víctimas colaterales de feminicidio, reconociendo la gravedad del impacto que estos delitos tienen en las familias y la sociedad en general.
Datos alarmantes
De acuerdo a los datos revelados por el Observatorio del Ministerio Público, del 2018 al 2024 se registraron un total de 244 mujeres fueron víctimas de feminicidio en diferentes puntos del país, dejando a numerosas víctimas colaterales como los hijos huérfanos, entre ellos menores de edad.
En el 2023, el número de hijos e hijas en situación de orfandad como consecuencia de este flagelo social alcanzó un total 88 víctimas colaterales o secundarias, de las cuales 71 son menores de 18 años, 16 son mayores de edad, según datos de la dirección General del Observatorio de Género del Ministerio de la Mujer.
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