González explicó que se firmó un convenio con el Ministerio de Trabajo, para realizar este control cruzado, nunca antes hecho por el Instituto de Previsión Social, sostuvo.
«Se realizó un control cruzado con instituciones públicas, se firmó un convenio con el Ministerio del Trabajo y se hizo un cruzamiento de las planillas declaradas en el Ministerio de Trabajo con las planillas declaradas en IPS y ahí nos dimos cuenta de que hay una diferencia substancial con las entidades de Itaipú, Yacyretá y otras instituciones públicas. Hay tenemos una diferencia de 350 millones de dólares aproximadamente. Estamos viendo cómo encaminar esta situación, pasa que nunca se hizo un control cruzado», señaló el asesor del IPS.
Desde su perspectiva, todos hablan de la deuda del IPS a las proveedoras, pero que nadie habla de la deuda que se tiene con el IPS e hizo alusión a las iregularidades encontradas de la administración anterior que quedaron como “herencia”.
Mencionó que cuentan con 5.000 juicios ejecutivos que iniciar, porque la anterior administración dejó de emitir los títulos de crédito, no se inició ningún juicio y no se certificó la deuda, que son 500 millones de dólares aproximadamente. “No podemos darnos el lujo de que pasen otros 5 años y que no se inicien estas demandas», refirió.
Asimismo, contó que no se puede hablar de ningún tipo de crédito, puesto que la actual administración denunció a la anterior administración por haber sacado un crédito que no fue impactado en el presupuesto y que no tenía fuente de financiación. “Esto es grave, dejamos de pagar a varios proveedores para cumplir con el banco un fideicomiso que fue descalzado de su objetivo original», dijo.
Siguiendo con las irregularidades y perdidas causadas por la administración anterior, comentó: “Hoy le comentamos al presidente que presentamos la denuncia del haber mínimo jubilatorio que del 33% en el año 2020 en pandemia, se aumentó al 50% cuando los informes no eran favorables porque la Ley te condiciona de que los cálculos financieros tengan que respaldar ese aumento, eran totalmente negativos, no contentos con esos en el 2021 volvieron a aumentar al 75%», expresó.
En ese sentido, explicó que el Consejo dejó sin efecto esa resolución, y que se volvió al 33%. “Nos vimos con la obligación de presentar esa denuncia ante el Ministerio Público, ya lo hemos hecho unos meses antes ante la Contraloría y la Contraloría General de la República ya abrió una investigación al respecto”, agregó.
En total, la suma ascendería a los USD. 135 millones de perjuicios patrimoniales, por lo que se definió denunciar la situación ante la Fiscalía.
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