Trovato recordó que el proceso se realizó de manera escalonada, con la plataforma ya a disposición de la ciudadanía y siendo actualizada constantemente para mantener al día los registros.
Consultado por su aplicación, refirió que la propia ley prevé una serie de instituciones, las cuales deberán exigir de manera obligatoria a sus posibles funcionarios estar exentos del registro. En caso contrario, los entes se exponen a una multa equivalente a 30 salarios mínimo.
Resaltó que la utilización del registro no solo quedaría en el ámbito público, sino que al ser de libre acceso, todos los contratantes del ámbito privado podrán cerciorarse de que, un posible contratado, figure o no en la lista.
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