“A los agresores les interesa el manejo de poder sobre el niño y ocurre básicamente en el núcleo familiar por lo que cuesta detectarlos. Los niños necesitan psicoterapia a largo plazo. El Estado se encarga poco de dar ese tipo de respuestas porque implica un presupuesto importante”, argumentó Iramain.
Por otra parte, reconoció que existen límites legales para la propuesta, ya que al constituirse como un castigo corporal, la Constitución Nacional y tratados internacionales no lo permiten.
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