Rojas recordó que, actualmente, el máximo permitido es de 10 gramos, pero termina causando graves consecuencias en el sistema penal.
“De todas las mujeres reclusas, un 50% es a causa de la Ley 1340, mientras que en los hombres solo es el 10%”, acotó.
En ese sentido, argumentó que la mayoría de afectadas termina recurriendo a la Defensoría Pública, debido a la falta de recursos económicos para afrontar un proceso legal.
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