Según Cañiza, el inmueble fue invadido en 2018 por unas 200 familias que actualmente residen allí de manera ilegal. A pesar de que la ANDE ha realizado reiteradas intervenciones para cortar las conexiones clandestinas de energía eléctrica, estas vuelven a ser reinstaladas poco después.
El propietario afirmó que entre los presuntos invasores hay construcciones importantes como lavaderos, veterinarias, bares, un estudio de abogado, un taller de camiones, un club de fútbol y un motel que ocupa una manzana completa. Además, denunció que estas personas venden los lotes a precios elevados, estafando a los compradores.
“Hay un motel que ocupa un lote de mi manzana, es ilegal, no me pagaron por el lugar. No tiene título, pero tiene conexión de energía eléctrica”, remarcó.
“Ellos venden propiedades, una persona de nombre Virgilio, un enfermero, compró un lote por 60 millones y construyó una casa por 130 millones. Le estafaron porque le llevaron ante una escribanía que no puso su membrete. Hay una conciencia regional. El caso de Virgilio es una estafa, él denunció hace un año, su caso está en el cajón”, agregó.
Cañiza señaló que cuando intentó denunciar el caso en Santa Rosa del Aguaray, se encontró con que funcionarios públicos de la ANDE, la Fiscalía y la Municipalidad también ocupan parte de su propiedad. Aseguró que en esa ciudad hay 14 invasiones con las mismas características en propiedades privadas.
El representante legal de Operadores del Campo S.A. culpó a los dirigentes sociales, respaldados por políticos, de estar detrás de estas invasiones y de conseguir el apoyo de la ANDE para obtener conexiones eléctricas. Exigió a la empresa estatal que rechace la solicitud de un medidor colectivo presentada por los presuntos invasores y que ponga la lista de solicitantes a disposición de la Fiscalía.
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