“En un principio, se establecían que las penas irían de 6 meses hasta 3 años, mientras que las modificaciones que establecimos, prevén hasta 10 años y la incautación de las maquinarias utilizadas para el robo, cuyo destino será la Senabico y luego la Ande”, acotó Rodríguez.
Pese a la iniciativa, enfatizó que la institución deberían contar con un marco regulatorio para aprovechar las inversiones legítimas en criptominería u otros rubros con gran consumo energético.
“Hay mucha gente que quiere trabajar, no podemos estar cerrándoles esa vía”, reflexionó el legislador.
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