“Todos los mandatos, si no tienen una expresa disposición que los prorrogué, fenecen al término del plazo establecido, que normalmente es de 5 años”, explicó Altamirano.
En caso contrario, sostuvo que los gobernantes que violen tal disposición, estarían usurpando la función. “El plazo está concluido y el mandato fenecido”, apuntó.
Pese a los cuestionamientos legales alrededor de la propuesta, reconoció que los intereses políticos podrían impulsar de igual manera la medida, debido a la falta de temor a las posibles represalias.
“Puede ser que algún fiscal se anime (a iniciar un proceso), pero al día siguiente lo sacan. Lo que necesitamos es civismo y conciencia moral”, reflexionó el doctor.
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