Se trata del texto proveniente de la Cámara de Diputados que se refiere al proyecto de ley «Que protege la integridad del sistema eléctrico, dispone la incautación y comiso de bienes asociados a dicho delito y modifica el artículo 173 de la Ley N° 1160/1997 Código Penal».
La versión aprobada, que ahora pasa al Poder Ejecutivo, establece penas de hasta 10 años de cárcel por el delito de sustracción ilegal de energía.
Además, se dispone que los bienes incautados y decomisados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) deberán ser entregados a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Los ingresos provenientes de la venta anticipada de los bienes incautados, las multas y los rendimientos financieros serán destinados a la ANDE.
Sin embargo, a diferencia de la versión inicial del Senado, la propuesta de Diputados excluye a los funcionarios públicos de ser sancionados con mayor pena por aprovecharse de sus cargos para cometer este delito.
Mientras que la oposición buscaba ratificar la versión original del Senado, el oficialismo impuso su mayoría para sancionar el texto modificado por Diputados.
Fuente: Cámara de Senadores
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