“Dicha ley tiene dos principales aspectos: eleva a 10 años la expectativa de pena privativa de libertad, mientras que establece la incautación de los bienes utilizados para tal hecho punible, a ser administrados temporalmente por la ANDE, para luego ser puestos a la venta”, explicó la vocera del Gobierno, Paula Carro.
“Pueden instalarse, pero deben pagar lo que corresponde”, sostiene Titular de la Ande
Por otra parte, Félix Sosa recordó que el auge de la criptominería ocurrió en el año 2020, con una gran cantidad de inversores instalándose de manera legal, pero también ilícita.
“La mayoría de ellos de procedencia China, desde China vinieron masivamente a Paraguay a instalarse”, contó el ingeniero.
En ese sentido, enfatizó que no se encuentran enemistado con el sector, sino que solo se busca que paguen el precio justo, a través de la tarifa técnica establecida por la estatal.
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