El procedimiento se llevó a cabo con cerca de 800 efectivos policiales, quienes ingresaron hasta el reclusorio para desmantelar una banda criminal dedicada al vaciamiento de billeteras electrónicas. En total, el perjuicio para las víctimas ascendería a los G. 1.500 millones.
Ante esta situación, el viceministro Benítez reconoció que los malvivientes solo podrían haber actuado con la complicidad de guardicárceles o directivos.
“Me gustaría hacer un sumario como corresponde y que no sean solo apartados del cargo, sino que sean desvinculados del Ministerio”, enfatizó.
En caso de encontrarse elementos que configuren hechos punibles, acotó que la Fiscalía tomará intervención y se abrirá una carpeta investigativa contra los funcionarios.
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