Palma subrayó que «una persona no puede estar privada de su libertad así por así» y que esta privación debe estar justificada.
Según las investigaciones, Ferreira operaba la comisaría como “un centro de rehabilitación de drogas”, donde solicitaba dinero a los familiares de los detenidos. En caso de que no se pagaran las sumas exigidas, Ferreira presentaba denuncias ante el Ministerio Público.
«Les privaba de su libertad sin que hayan hecho ningún hecho punible y cuando no se pagaba esas sumas de dinero presentaba denuncias ante el Ministerio Público», explicó la agente fiscal, María Lucía Palma.
«Ahora el comisario está en carácter de detenido», añadió.
Además, indicó que hay órdenes de detención para otros tres uniformados que supuestamente colaboraban en estas prácticas ilegales.
El allanamiento se realizó en la comisaría 7° de Eusebio Ayala, donde se recuperaron objetos robados.
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