El diputado Pedro Ortiz (ANR-Central), titular del estamento, explicó que la iniciativa surge como respuesta a la creciente preocupación por el uso delictivo de estos dispositivos en todo el país.
La exposición de motivos refiere que la utilización de inhibidores de señales, últimamente, se hizo común en diversos hechos delictivos, como asaltos a entidades financieras, servicentros y transportadores de caudales.
Teniendo en cuenta esta situación, el proyecto asegura que es necesario regular esta situación y determinar los mecanismos de control a los efectos de evitar el uso criminal de estos aparatos.
La decisión asumida por los miembros del bloque legislativo fue la de solicitar el parecer de varias instituciones para posteriormente emitir el dictamen correspondiente.
¿De qué se trata el proyecto?
El proyecto busca establecer un marco regulatorio para la comercialización de estos dispositivos, exigiendo que los vendedores se inscriban en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria y Comercio.
Además, propone prohibir la tenencia y utilización de inhibidores sin la debida autorización de los organismos de control.
Entre las medidas propuestas se destaca la imposición de sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría o multa para quienes incumplan la ley.
El Ministerio del Interior tendrá un plazo de 30 días para establecer los mecanismos de regulación específicos tras la aprobación de la ley, según el proyecto.
«Estos aparatos emiten ondas de radio en las mismas frecuencias que otros dispositivos, con la energía suficiente para chocar con las señales y tirar la comunicación o impedir el servicio», detalla el escrito.
Fuente: Cámara de Diputados
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