Entre ellos, el abogado constitucionalista, Emilio Camacho, sostuvo que la causa fue injusto, afirmando que nunca existió lesión de confianza ni ningún otro delito.
La investigación y posterior condena inició con la compra del edificio Excelsior, el cual fue adquirido por el Ministerio de Educación, en ese entonces de la mano de Riart como ministro.
Si bien la Justicia determinó que la compra se realizó de manera irregular, causando un perjuicio para el Estado, Camacho argumentó que toda la transacción se realizó con la tasación establecida por los peritos, por lo que nunca existió delito.
Inclusive, Camacho apuntó que varias personas fueron indagadas, pero los procesos se archivaron, al no hallar causales.
Indicó que los propios vendedores, o hasta el ministro de Hacienda en ese entonces, debieron ser sometidos a una causa penal, utilizando las argumentaciones de la Justicia. “No fueron procesados porque no había delito”, reafirmó.
“Hay una votación magistral de un miembro del Tribunal de Sentencia, que demuestra que si no hay delito, no se puede condenar, y aun así fue condenado por 2 votos contra 1”, expresó.
Finalmente, Camacho aseguró que se trata de un “típico ejemplo de persecución judicial”, alegando que la Justicia fue politizada, con el objetivo de “castigar al disidente”.
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