En primer lugar, Ávila enfatizó que no hay ninguna prueba en su contra, alegando no existe ningún video o fotografía para sostener la versión de Nidia Pintos.
“El abogado que habló en Ñanduti se refirió a un video que está presentado en el expediente, pero es una mentira. Lo que no se puede probar, nunca ocurrió”, argumentó el defensor del pueblo.
En segundo lugar, apuntó que el certificado de lactancia de Pintos, presentado como una agravante para su despido, fue adulterado, con fechas “sobreescritas”.
“Hablamos con la gente del seguro médico si ella consultó en estas fechas y ella nunca consultó, ni ella ni ninguna otra persona de su grupo familiar”, agregó.
Por otra parte, aseguró que Pintos, utilizando el nombre de la institución, solicitó víveres al comando del Ejército, mientras se desempeñaba como funcionaria.
“Ningún funcionario de la Defensoría no puede solicitar absolutamente nada a ninguna institución”, ratificó.
Finalmente, Ávila aseguró que la funcionaria estuvo involucrada en un intento por devolverle los privilegios a Javier Rotela, quien guarda prisión.
“En todos lados me acusó, pero nunca presentó una prueba, es algo que ellos hacen para llamar la atención o joderte la vida, no sé por qué lo hacen”, remató.
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