El proyecto, que recibió 47 votos a favor y 13 en contra, excluye a entidades como iglesias y organizaciones campesinas del alcance de la ley, pero establece un registro nacional obligatorio para todas las ONG que operen en el país.
Los diputados dieron luz verde a una ley que establece un mayor control sobre las ONG que operan en el país. La normativa, que fue impulsada por el partido Colorado, fue duramente criticada por organizaciones de la sociedad civil y por sectores de la oposición, quienes advierten que podría limitar la labor de estas entidades y asfixiar la participación ciudadana.
Entre las modificaciones incluidas a propuesta del Ejecutivo se destaca que: quedan excluidos expresamente del alcance de la presente ley los organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades u organizaciones de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas.
También se encontrarán excluidos expresamente del alcance de la presente ley, salvo que, administren y/o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales, las organizaciones de carácter estrictamente deportivo no profesional, los sindicatos y asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas y estudiantiles, las comisiones vecinales y juntas de saneamiento ambiental.
El proyecto ya tenía media sanción del Senado; sin embargo, estos cambios que provienen del Ejecutivo se hicieron para evitar el veto presidencial, por lo que la Cámara Alta volverá a estudiar el proyecto.
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