Parte del Decreto N° 2628 refiere que los «estudios deben garantizar no solo la eficiencia óptima de la inversión, sino también su viabilidad en términos reales, siendo crucial que se establezcan mecanismos claros de financiamiento, que aseguren la disponibilidad y gestión adecuada de los fondos necesarios para llevar a cabo las reformas y se definan criterios precisos para la implementación de las medidas», expresó parte del documento.
«Que al no contar con tales datos, la iniciativa, aunque bien intencionada, presenta riesgos en cuanto a su viabilidad práctica y financiera, comprometiéndose así no solo la efectividad de las soluciones, sino también la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, sin perjuicio de las objeciones misionales fundamentales que presenta el Proyecto, todo lo cual justifica la objeción total de la misma», refiere además el decreto presidencial.
Agrega además que en consecuencia y conforme surge de la opinión de los órganos técnicos de aplicación, estamos ante una norma que, por loable que sea, no será de ejecución eficiente, racional y eficaz en la práctica y por ende carece de conveniencia o mérito: en otras palabras, estamos ante fundamentos típicos para la objeción de una ley.
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