En una entrevista con Radio Ñanduti, la fiscal Norma Salinas detalló que Acosta Armoa, junto con su pareja Ovidio Ramón Oviedo Brítez, su padre Juan Ramón Acosta y el abogado Darío Flores, son acusados de apropiarse de G. 725 millones de un total de G 800 millones en indemnizaciones.
El caso se centra en la tragedia ocurrida el 2 de agosto, cuando dos trabajadores fallecieron tras una descarga eléctrica. Las víctimas, Juana Honorina Casco y Calixto Acosta Contrera, recibieron solo G. 75 millones entre ambas, a pesar de que la ANDE había destinado G. 800 millones para compensarles.
Salinas enfatizó que la investigación aún está en curso y no se descartan más imputaciones, ya que se están analizando las responsabilidades de funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF) y otros implicados en el proceso.
«Existen otras aristas muy importantes que estamos determinando», señaló la fiscal, quien adelantó que se constituirá en la asesoría legal del Banco Nacional de Fomento, de la ANDE y en una escribanía de Ybycuí para profundizar las pesquisas.
La funcionaria y sus cómplices habrían utilizado documentos falsos y testigos falsos para cobrar los cheques de la indemnización. Incluso, el padre y la pareja de Acosta Armoa figuran como testigos de una de las víctimas para el cobro del cheque ante el Banco Nacional del Fomento.
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