Todo inició con la muerte de dos trabajadores, quienes perdieron la vida electrocutados, luego de que les cayera encima un cable de baja tensión.
Cada familia debía de recibir G. 400 millones, pero varios funcionarios se habrían aprovechado de los afectados y supuestamente, se repartieron casi la totalidad del dinero.
La agente del Ministerio Público, explicó que los autores hicieron uso de un poder (para negociar en representación de la familia), pero no se encontraba inscripto en los registros públicos, por lo que carecía de validez legal.
Ante esta situación, Salinas no descartó iniciar con las imputaciones a los supuestos autores, y no descartó ordenar el allanamiento de la sede del BNF ubicada en repatriación, en donde se efectivizaron los cheques.
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