Anadelia Acosta, funcionaria de Diputados, se encuentra en el centro de una investigación por el supuesto despojo de una millonaria indemnización a dos familias. Tras la denuncia, Acosta solicitó un permiso sin goce de sueldo, el cual le fue negado.
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Sin embargo, este miércoles se conoció la información de que la funcionaria y sus abogados devolvieron la suma de Gs. 600 millones a las familias afectadas. Esta restitución fue confirmada por un documento notarial.
No obstante, la fiscal Norma Salinas aclaró que la devolución del dinero no implica el cierre de la causa. “Acá tiene que haber una reparación con la víctima y la sociedad. Y en este caso hablamos de que hubo instituciones públicas que estuvieron de por medio”, enfatizó la fiscal.
Salinas imputó a Acosta, junto a su pareja, su padre y otro abogado, por los delitos de estafa, apropiación y lesión de confianza. La fiscal rechazó la postura de la defensa, que sostiene que la acción penal se extingue con la reparación del daño.
“Él está haciendo su trabajo y va a pintar de esa forma. Nosotros creemos que no se termina de esa forma. Entonces, en un futuro, te voy a sacar tu auto, luego te devuelvo y se queda como si nada”, ejemplificó Salinas.
La fiscal subrayó la importancia de una reparación social en este caso, considerando que se involucraron instituciones públicas.
La investigación continúa avanzando para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados y garantizar que se haga justicia.
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