«Se atenta con los derechos humanos al someter al justiciable con procesos tan largos. Por el mal uso de recursos procesales y falta de ejercicio de los jueces al no penalizar y no castigar las chicanas presentadas por los abogados es que se fueron extendiendo los casos», argumentó Casatti.
El proyecto plantea reducir el plazo máximo de los procesos penales de acción pública a 3 años, contados desde el primer acto procesal, mientras que para las causas de acción penal privada, el tiempo se reduce a un máximo de 1 año 6 meses.
Deja una respuesta