Mientras el oficialismo defiende la medida como necesaria para evitar el mal uso de fondos públicos, la oposición la considera un ataque a la libertad de asociación y un mecanismo para perseguir a organizaciones críticas al gobierno.
El senador Rafael Filizzola se opuso a la ley, argumentando que «buscamos libertad y esto lo contradice», advirtiendo que podría llevar al cierre de organizaciones no alineadas con el gobierno. En contrapartida, el legislador Natalicio Chacha, uno de los principales impulsores del proyecto, aseguró que la ley «solo busca regular y transparentar», y lamentó que la oposición intente deslegitimar la iniciativa.
Entre las principales modificaciones introducidas al proyecto de ley se encuentran la exclusión de organismos internacionales, partidos políticos, iglesias y confesiones religiosas del alcance de la normativa. Sin embargo, Filizzola cuestionó esta exclusión, señalando que clubes deportivos e iglesias podrían ser utilizados para el lavado de dinero.
El documento aprobado fue enviado al Ejecutivo.
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