Diosnel Alarcón, jefe de Investigación de Delitos Informáticos, explicó que el proceso comenzó al identificar las direcciones IP asociadas a las descargas. “Las compañías proveedoras de internet nos informan quién es el que paga por ese servicio a través de esa IP”, detalló.
Hasta el momento, se han registrado casi 600 descargas de este tipo de material. Alarcón lamentó la gravedad de la situación, destacando que «las imágenes son fuertes, algunos son menores de 6 y 2 años», lo que resalta la urgencia y seriedad del caso.
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