Según la institución, esta normativa, conocida como «ley garrote», podría tener consecuencias devastadoras para la sociedad civil paraguaya, restringiendo gravemente su espacio de acción y poniendo en peligro los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
En un comunicado oficial, el Colegio de Abogados advirtió que, si bien el objetivo declarado de la ley es promover la transparencia y la rendición de cuentas, en la práctica podría convertirse en una herramienta para silenciar a las ONG y asfixiar la disidencia. «Los controles excesivos sobre las organizaciones, incluidos los gravosos requisitos administrativos, suelen tener como objetivo asfixiar a la sociedad civil», afirmó la institución.
Además de limitar la libertad de asociación y de expresión, la ley podría violar tratados internacionales de derechos humanos, según el Colegio de Abogados. La falta de claridad y precisión en la redacción de la normativa, añaden, la convierte en una herramienta susceptible de ser utilizada de manera arbitraria para perseguir a quienes defienden los derechos humanos y promueven el cambio social.
Ante esta situación, el Colegio de Abogados de Nueva York ha instado al Senado paraguayo a reconsiderar la propuesta de ley y a realizar las modificaciones necesarias para garantizar que la sociedad civil pueda continuar desempeñando su papel fundamental en la democracia. Asimismo, ha pedido al Gobierno paraguayo que proteja los derechos de las ONG y respete los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos.
«La ley, de aprobarse, obstaculizaría el trabajo de las organizaciones sin ánimo de lucro de numerosas maneras, entre ellas desalentando la cooperación o las alianzas internacionales», señaló el Colegio de Abogados. «Se opone a cualquier acción que restrinja el espacio cívico, la libertad de asociación y de expresión en Paraguay».
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