La nueva normativa establece una pensión mensual equivalente al 25% del salario mínimo vigente para mayores de 65 años que cumplan ciertos requisitos, excluyendo a quienes reciben salarios o pensiones.
La iniciativa beneficiará a alrededor de 210.000 adultos mayores, incluyendo a aquellos pertenecientes a pueblos originarios y personas con discapacidad severa. El gobierno estima incorporar entre 8.000 y 9.000 nuevos beneficiarios cada mes, según la disponibilidad presupuestaria.
La nueva legislación no solo proporciona una pensión, sino que también incluye beneficios adicionales como acceso preferencial a servicios culturales y descuentos en transporte público. La inscripción se realizará mediante una declaración jurada, eliminando el censo previo como requisito.
Según Peña, este paso es fundamental para asegurar que los adultos mayores vivan con dignidad y sientan que no están solos en esta etapa de sus vidas.
También se contempla a adultos mayores de pueblos originarios desde los 55 años y a personas con discapacidad severa desde los 60 años.
La ley también establece que el monto asignado es intransferible e inembargable, asegurando que los fondos lleguen directamente a los beneficiarios.
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