El diputado Rodrigo Gamarra (ANR-Central), proyectista de la resolución que crea la Comisión Bicameral de Investigación, se mostró en contra de la iniciativa que buscaba derogarla.
“Como integrante de la Comisión Bicameral debo comentar que hemos trabajado objetivamente; no hemos dictaminado nada aún; hasta ahora solo escuchamos a las personas, a la ciudadanía. La prensa pudo ver que varios actores políticos fueron financiados por las oenegés; hay informaciones que nos pasan los invitados; pero aún no dictaminamos para que no digan que hacemos persecuciones. Este pedido de derogación es infundado”, señaló el parlamentario.
Agregó que considera absurdas ciertas denuncias de que el estamento constituye una herramienta antidemocrática.
Seguidamente, la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), aseguró que “muchos no quieren que se destape la olla”.
Sostuvo que es ridículo usar frases rebuscadas para intentar desacreditar el trabajo de la comisión, ya que, guste o no, es constitucional.
Cabe recordar que el proyecto que pretendía la derogación, en su exposición de motivos, afirma que no eran cumplidas las formalidades requeridas en la Ley N° 137/1993, y por la propia Carta Magna, debido a que no fue determinado, de manera clara, qué hechos iban a ser investigados.
La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Capital), solicitó aprobar la iniciativa.
“Esto inició mal. La comisión persigue a entidades no gubernamentales. Nosotros tenemos que ser coherentes con lo que juramos y no podemos constituirnos en un órgano de persecución”, remarcó.
El legislador Diosnel Aguilera (PLRA-Ñeembucú), en la misma línea, dijo que el bloque es ocupado por un solo sector político, lo que desvirtúa absolutamente todo.
Habló de no caer en el retroceso de nuestra democracia.
Los diputados Roberto González (ANR-Cordillera), Mauricio Espínola (ANR-Capital), y Adrián Vaesken (PLRA-Central), acompañaron el pedido de derogación.
Finalmente, tras la correspondiente votación, el documento no reunió los votos y quedó rechazado.
Pasa al archivo.
La comisión antilavado se encuentra investigando a varias organizaciones no gubernamentales, entidades financieras, entre otros sectores que podrían estar incurriendo en el crimen del lavado de dinero en el Paraguay sin rendir cuentas al Estado.
El órgano legislativo, integrado por diputados y senadores, tiene el plazo constitucional de 60 días para culminar su trabajo, y que vence el próximo 18 de noviembre. No obstante, el presidente del Senado aclaró que el plazo puede ser prorrogado a pedido de los miembros de la comisión.
Fuente: Cámara de Diputados
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