“Nos sorprende un poco, creo que es un poco apresurado, teniendo en consideración que tenemos una auditoría pendiente de finalización”, declaró González.
Enfatizó que se trata de un elemento necesario con el que debe contar el Ministerio Público, indicando que la Contraloría señalaba un presunto perjuicio equivalente a 1.5 billones de guaraníes
Finalmente, reconoció que la resolución de este proceso, se encuentra en manos del juez Penal de Garantías, ya que podría hacer lugar al pedido o rechazarlo.
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