Como una posible solución a la problemática, indicó que se encuentran centrados en el programa de alimentación escolar “Hambre Cero”, asegurando que a través de una ley, el tomate podría tasarse en G. 12.000 el kilo.
No obstante, Brítez enfatizo que teme por una nueva cadena de intermediarios que desemboque en la misma situación que atraviesan actualmente.
«No queremos que haya una cadena de intermediación, de eso tenemos miedo», sentenció el representante de los productores.
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