La causa se inició después de que se hicieran públicos mensajes de WhatsApp entre el fiscal Cantero y Ovelar. Los denunciantes alegaban que los fiscales habrían actuado bajo instrucciones del abogado, manipulando investigaciones a su favor. Sin embargo, el fiscal Coronel concluyó que no existían pruebas que sustentaran estas acusaciones de prevaricato y persecución de inocentes.
El juez Otazú, al analizar el pedido de desestimación de la denuncia, argumentó que no se encontraron indicios sobre la existencia de hechos punibles.
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