«La capacidad de reacción es lo que va a determinar el éxito o no de nuestro sistema. Nos costó un año salir con el proyecto, el año nos sirvió para poder equipar a la Policía», manifestó Escobar. En esta fase inicial, se desplegarán 20 dispositivos que pasarán por un protocolo de prueba para adaptarse a diferentes escenarios.
Escobar detalló que hay tres sistemas en funcionamiento: aviso, alerta y reacción. En casos como la exclusión de zona o las órdenes de alejamiento, se requerirá que una persona proteja a la víctima mientras otra intenta detener al agresor. Además, cada caso requerirá una factibilidad técnica para la aplicación del dispositivo, gestionada por la Oficina de Monitoreo y Control.
El director enfatizó que solo los jueces podrán solicitar el uso de las tobilleras electrónicas y que no habrá intervención de terceros en este proceso. Cada tobillera activada tendrá un costo mensual, y en casos donde el usuario no tenga solvencia económica, el Estado cubrirá los gastos necesarios. «El juez tiene que presentar la factibilidad económica de quien quiera ser usuario de la tobillera», concluyó Escobar.
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