Según Duarte Cacavelos, en el epicentro de esta resolución, se encuentra la gestión de fondos durante la pandemia en la gobernación de Central, bajo la administración de Hugo Javier. El abogado explicó que inicialmente se presentó una rendición de cuentas que incluía facturas falsas, una acción precipitada por la necesidad de justificar el uso de los fondos destinados a la reactivación económica en tiempos de crisis sanitaria.
«Acá lo cierto y lo concreto es que la gobernación de Central de la administración de Hugo Javier hizo una primera rendición de cuentas en el marco de una contienda política en periodo de pandemia, y en esa rendición de cuenta de los fondos, como estaban apresurados, presentaron facturas falsas, para justificar el monto que recibió para realizar obras en el periodo de pandemia para la reactivación de la economía», declaró Duarte Cacavelos.
El abogado resaltó que, tras la detección de estas irregularidades por parte de adversarios políticos, se procedió a una segunda rendición de cuentas, esta vez con las facturas correctas emitidas por quienes realizaron las obras. «Pero cuando subieron esa primera rendición, enseguida los adversarios políticos, liberales, Billy Vaesken, detectaron que las facturas no eran auténticas. Ahí es cuando la gobernación pide a la gente que realizaron las obras, que emitan las facturas correspondientes a las obras que estaban haciendo. Ahí hacen una segunda rendición de cuentas real. Ese es el pecado que tuvo esa administración, el haber rendido con facturas no auténticas», detalló.
Lo más significativo, según Duarte Cacavelos, es que la existencia de las obras no está en duda. «Pero no se puede afirmar que las obras no existen, ya que se fueron a declarar los consultores, fiscalizadores, gente de la Contraloría, el propio perito de la Fiscalía, todos afirmaron que las obras se hicieron y que valen los 5 mil millones de guaraníes», argumentó, buscando poner en relieve la discrepancia entre el delito imputado y los resultados tangibles de las inversiones.
Finalmente, el abogado concluyó criticando el trabajo de la fiscalía: «Alegué haraganería fiscal porque ellos hicieron un trabajo de tribunal de cuentas documental, hay que verificar si el gasto llegó o no a ser una obra en beneficio de la gobernación y eso en juicio quedó más que acreditado», señalando que se debería haber investigado más allá de los documentos para confirmar la realidad física de las obras realizadas.
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