Según fuentes oficiales, el despliegue, que incluye a miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales, se ha dispuesto para garantizar la «paz» y evitar cualquier intento de «desestabilización» que pueda surgir de manifestaciones populares contrarias al régimen. «No se equivoquen», advirtió Maduro, refiriéndose a aquellos que pudiesen pensar en interrumpir su juramentación.
Este anuncio se produce en un clima de tensión creciente, después de que las elecciones presidenciales de Venezuela fueran cuestionadas por fraude por parte de la comunidad internacional y la oposición interna. El candidato opositor, Edmundo González Urrutia, quien asegura haber ganado los comicios según actas electorales paralelas, recibió el apoyo de varios países y organizaciones que rechazan la proclamación de Maduro.
La activación de este mecanismo de seguridad es interpretada por la oposición y observadores internacionales como un claro intento de Maduro para consolidar su poder y reprimir el disenso, especialmente en momentos críticos como la toma de posesión. Las críticas se centran en la violación de derechos humanos y la libertad de expresión, dado el historial de represión en manifestaciones anteriores.
La comunidad internacional, incluidos líderes de América Latina y Estados Unidos, expresaron su preocupación por la situación, pidiendo un respeto al proceso democrático y a los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos. A pesar de ello, el régimen de Maduro ha mantenido su postura de no tolerar lo que considera «acciones desestabilizadoras».
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