Con la controversia servida, un grupo de 55 organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos emitieron un pronunciamiento dirigido al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Comité de Debates.
Cuestionaron que solo la interrogante en si misma, encierra un criterio inconstitucional, estigmatizante y contraria a los principios internacionales de protección a la niñez.
Las organizaciones firmantes señalaron que el planteamiento refleja una postura punitivista que criminaliza a niñas, niños y adolescentes, perpetuando estereotipos que afectan particularmente a quienes viven en condiciones de pobreza, exclusión o marginación.
Fuente: infobae.com
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