Benítez, quien está al frente de la investigación, reveló que un ujier habría realizado 15 notificaciones el mismo día y a la misma hora, pero en diferentes ciudades del país. «Es físicamente imposible que una persona esté en múltiples lugares al mismo tiempo para realizar notificaciones», indicó Benítez.
Además, las investigaciones ponen bajo la lupa a una jueza, ya que su firma aparece en resoluciones que carecen de fecha y número de expediente, lo cual es un indicio claro de manipulación y falta de transparencia en los procedimientos judiciales. «Ellos sabían que las notificaciones eran fraudulentas y para evitar escribir prepararon un sello que tiene un mismo contenido», concluyó Benitez.
En el día de la fecha, en horas de la tarde, los agentes fiscales Belinda Bobadilla y Jorge Arce, en cumplimiento del mandamiento de allanamiento y secuestro emitido por el juez penal especializado en delitos económicos y anticorrupción, Abg. Humberto Otazu, llevaron a cabo un operativo en el marco de la causa conocida como “La mafia de los pagarés”.
El allanamiento tuvo lugar en un edificio ubicado en el barrio Villa Morra, donde reside Ingrid Prette Goldenberg, ujier notificador del Juzgado de Paz de la Recoleta, a cargo del juez Víctor Nilo Rodríguez. La diligencia tuvo como objetivo la búsqueda y secuestro de expedientes judiciales que se encontraban en el lugar, de acuerdo con la información recibida por el equipo investigador.
Del procedimiento participaron funcionarios de la Unidad de Delitos Económicos, personal policial a cargo del Crio. Hugo Rolón, del Departamento de Falsificación de Documentos y Abuso de Identidad, así como funcionarios de Auditoría de la Corte Suprema de Justicia.
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