Las conclusiones del encuentro fueron resumidas textualmente por el mandatario, citando los siguientes 7 puntos.
“Condenar absoluta y enérgicamente todo y cualquier acto, que suponga la desnaturalización, corrupción o direccionamiento de los órganos constitucionales legítimamente constituidos”.
“Asumir el compromiso de reafirmar dentro del marco de la independencia de poderes y órganos de que las instituciones republicanas funcionarán cada una en su ámbito para que los hechos que sean denunciados sean esclarecidos y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables”.
“Proclamar, defender y garantizar la libertad de prensa como una herramienta absolutamente imprescindible para la vigencia de la democracia y la transparencia. En ese contexto, asumieron el compromiso de que los periodistas que se encuentren denunciando hechos tengan la debida protección jurídica y física para poder ejercer su misión”.
“Instar a la clase política sin distinción de banderas, movimientos o partidos a colaborar con las autoridades legítimamente constituidas en la búsqueda de soluciones en la lucha contra la corrupción, evitando así, la irrupción de elementos mesiánicos que se aprovechen de coyunturas para socavar las instituciones democráticas, abiertas y republicas, de las que goza el Paraguay desde el año 1989”.
“Ratificar el compromiso de que todos los poderes y órganos firmantes, seguirán implementando y profundizando la Estrategia Nacional de Combate contra la Corrupción, aprobada el 23 de noviembre del 2023, la cual según dijo, ya ha venido siendo trabajada por las distintas instituciones y que incluye entre sus puntos, al fortalecimiento de los órganos constitucionales legítimamente constituidos”.
“Instar al respeto de los objetivos, misiones y plazos en la investigación penal, en consideración de que los sujetos procesales deben contar con todas las evidencias legales para efectuar sus requerimientos y el debido respeto a las garantías constitucionales”.
“Abogar por la implementación de la «iniciativa 28» de la Estrategia Nacional de Combate contra la Corrupción, aprobada por las autoridades firmantes, la cual se refiere en concreto a la situación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a través de la cual se comprometen a activar los mecanismos para que los miembros de dicho estamento, impulsen y alcancen la aprobación de un reglamento que imponga restricción a los miembros del JEM, de mantener reuniones o comunicaciones privadas con magistrados en general”.
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