El fiscal Silvio Corbeta presentó cargos contra Samaniego, Corvalán y otras 21 personas, todos acusados de estos delitos durante el mandato de Samaniego como intendente entre 2011 y 2017.
Según la imputación, Patricia Corvalán habría cobrado irregularmente varios cheques por un total de G. 117.500.000, destinados a fines sociales, que no fueron utilizados para su propósito original.
Por su parte, Samaniego habría aprovechado su cargo para obtener beneficios indebidos por un valor de G. 338.595.000 a través de pagos de fondos depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF), con cheques efectivizados por él, Corvalán y otros familiares.
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