Con un 95% de las personas privadas de libertad (PPL) recurriendo a defensores públicos, el ministro destacó la necesidad de fortalecer este servicio para garantizar una representación legal adecuada. Esta situación se agrava al considerar que, según el propio Nicora, «el porcentaje de personas privadas de libertad que no tiene condena ronda aproximadamente entre el 63, 64 y 65%», aunque aclaró que esta cifra «ha bajado» en los últimos tiempos.
Para mitigar el uso excesivo de la prisión preventiva, el Ministerio de Justicia tomó medidas concretas en colaboración con el Poder Judicial. «Tenemos protocolos de actuación donde de oficio elevamos un listado de personas PPL que están excediendo el tiempo máximo de prisión preventiva», explicó Nicora.
También aprovechó para enfatizar que «el Ministerio de Justicia es mucho más que el sistema penitenciario». Según el ministro, la cartera abarca un espectro amplio de responsabilidades, desde la administración carcelaria hasta iniciativas de reforma estructural. Entre estas últimas, destacó la posibilidad de trasladar el departamento de Identificaciones al Registro Civil. «Es un tema muy importante. Es algo que está sobre la mesa y que se está debatiendo», afirmó.
Hacinamiento y soluciones en marcha
Otro tema abordado por el ministro fue el hacinamiento en las cárceles. Nicora detalló los avances en curso: «Se sale de eso con el gran esfuerzo que estamos haciendo de habilitar estas nuevas 3.711 plazas dentro de la administración del sistema». Los nuevos centros penitenciarios, con capacidad para 1.236 personas, representan un paso hacia la descompresión del sistema. «Tenemos que ir por partes, solucionar por segmentos», añadió, reconociendo que las soluciones deben implementarse de manera gradual pero sostenida.
¿Traslados en Uber?
En medio de las críticas sobre la logística del sistema penitenciario, Nicora habló de los rumores sobre el supuesto traslado de reclusos en vehículos de Uber debido a la falta de móviles oficiales. «Me parece fantasioso», respondió tajantemente, aunque admitió que existen problemas con los móviles dentro del sistema judicial. Sin embargo, negó rotundamente que se haya recurrido a servicios de transporte privados.
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