“No sé si esto es una dificultad técnica o si son los órganos jurisdiccionales los que están siendo aún renuentes en disponer”, comentó Maciel, destacando que los dispositivos están listos para su aplicación.
Sin embargo, explicó que la ampliación de su uso a otros delitos está limitada por el plan piloto inicial y la acordada emitida por la Corte Suprema de Justicia. “El órgano encargado de verificar la aplicabilidad de esto es el SIMDEC”, agregó.
El viceministro subrayó el impacto positivo que tendría una implementación a gran escala. “De lograrse, se reduciría la cantidad de personas con prisión preventiva, lo que aliviaría al sistema penitenciario”. Este punto cobra relevancia en un contexto donde las cárceles paraguayas enfrentan una superpoblación.
En paralelo, Maciel anunció que se reactivará un convenio relacionado con la aplicación de medidas alternativas a la prisión. “El mayor uso de la prisión preventiva no contribuye a reducir la criminalidad organizada, sino todo lo contrario, la fomenta dentro del sistema penitenciario y eso tiene efectos extramuros”, afirmó.
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