En un comunicado oficial, la administración brasileña aclaró que la operación en cuestión fue autorizada en junio de 2022 bajo el mandato anterior y desactivada el 27 de marzo de 2023 por el director interino de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), apenas la actual gestión tomó conocimiento de los hechos.
El texto precisa que el actual director general de la ABIN, cuyo nombre aún estaba en proceso de aprobación por el Senado Federal en el momento de la operación, asumió el cargo el 29 de mayo de 2023, meses después de que la acción fuera cancelada.
Con esto, Brasil busca deslindar responsabilidades de la gestión de Lula y atribuir la iniciativa al gobierno previo, sin mencionar explícitamente a sus antecesores.
«El gobierno del presidente Lula niega categóricamente cualquier participación en la acción de inteligencia denunciada hoy contra Paraguay», señala el comunicado, subrayando que la operación no refleja la política actual.
Además, Brasil reafirmó su compromiso con «el respeto y el diálogo transparente» como pilares de su relación con Paraguay y otros socios regionales y globales, en un intento por calmar las aguas diplomáticas tras la controversia.
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