El comité NADEG, encargado de supervisar las Directivas Aves y Hábitats de la Comisión Europea, concluyó en que los esfuerzos conjuntos de administraciones, cazadores y organizaciones conservacionistas permitieron cumplir las tres condiciones necesarias para reabrir la caza de forma sostenible. Estas condiciones incluyen un aumento sostenido de la población durante al menos dos años, una mejora en la supervivencia de ejemplares adultos y la implementación de sistemas de control que garanticen un cupo máximo de capturas.
España, que históricamente representó el 89% de las tórtolas cazadas en esta ruta migratoria, fue destacada por su labor en la monitorización, regulación de capturas y mejora de hábitats. Según datos del Instituto de Recursos Cinegéticos (IREC), la población de tórtolas ha experimentado una «rápida recuperación» desde la imposición de la moratoria, con un aumento estimado de hasta 400.000 parejas reproductoras entre 2022 y 2023. Este éxito ha sido atribuido en gran medida a la suspensión de la caza, aunque también se han implementado medidas como la gestión de hábitats y el control de prácticas agrícolas intensivas que afectan a la especie.
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