En primer lugar, el letrado apuntó que el bloqueo de las rutas es ilegal, aunque el reclamo pueda ser considerado legítimo.
“No pueden afectar los derechos de terceros, por eso hablo con precisión. Existe la Ley 1066, que si bien reconoce la libertad de manifestarse, no se le puede obligar a otras personas a sumarse, nadie le puede obligar a 25.000 conductores a adherirse”, argumentó.
En el mismo sentido, señaló que la Policía debe asegurar el libre tránsito, ya que se trata de una infracción en flagrancia.
La problemática social
Pese a sus críticas, Riera reconoció que se trata de una cuestión “complejísima”, en referencia a la situación de los pueblos indígenas.
“El problema es que, en el afán de proteger a las comunidades, hicimos una normativa que les da tierra, pero en la Constitución dicen que no la pueden vender, alquilar, por lo que armaste un perímetro de tierra que no sirve para nada”, puntualizó.
Finalmente, el abogado instó a buscar un cambio en el enfoque de las autoridades, recomendando que los pueblos indígenas sean insertados a la sociedad de manera natural, sin perder sus costumbres.
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