“Es un principio de acuerdo. Ellos llevarán a una asamblea y, en base a eso, tener un acuerdo firmado”, indicó Acuña. El Gobierno dispondrá de 30 días para analizar y adecuar el proyecto, un plazo que consideró ajustado para convocar a una licitación. Además, aseguró que el aumento solicitado por los cañicultores para su materia prima no impactará en los consumidores.
Acuña también reveló que se presentó una denuncia penal para que la Fiscalía investigue el proceso del nuevo tren de molienda, con el fin de garantizar transparencia. “Lo que buscamos es que se investigue todo el proceso”, afirmó. Con este preacuerdo, el Gobierno espera que los cañicultores levanten las medidas de fuerza de las últimas horas.
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