“Una cosa es grabar todo el procedimiento y tener en un banco de datos como mecanismo de seguridad para respaldar las actuaciones, y otra muy distinta es publicarla en redes sociales sin tener autorización de las personas», sostuvo Galeano.
Inclusive, la polémica llegó hasta el Ministerio Público, con la fiscal Fátima Girala pronunciándose en contra del actuar del agente, calificando su manera de proceder como irregular.
«A la Justicia le sirve si es su procedimiento habitual y se encuentra autorizado. La cuestión es cuando se vulnera, por ejemplo, una conversación privada», agregó el abogado.
Uso de cámaras corporales
Pese a sus críticas, Galeano enfatizó la importancia de registrar los procedimientos policiales, con el fin de resguardar a los ciudadanos y a los agentes del orden.
“El problema no está en que (los policías) filmen los procedimientos, el problema está en qué se hace con esa filmación”, sentenció.
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