Torres argumentó que, según el artículo 155 de la Constitución Nacional, la potestad para solicitar una intervención recae en el Poder Ejecutivo, con el aval de la Cámara de Diputados, y no en la Contraloría. “El trabajo de la Contraloría es controlar y fiscalizar, no solicitar intervenciones o emitir juicios de valor”, sostuvo, cuestionando la validez del informe presentado por el organismo.
El director jurídico también defendió la legalidad de la apertura de una cuenta única por parte del municipio, amparada en el artículo 178 de la Carta Orgánica Municipal. Además, señaló que el informe de la Contraloría, base del pedido de intervención, ha sido cuestionado en un proceso contencioso-administrativo. “Si la auditoría no está basada en la norma, es nula y, por lo tanto, revocable”, afirmó Torres, acusando a la Contraloría de eludir el debate al considerar su informe como definitivo.
Torres destacó que este es el primer caso en que la Contraloría impulsa una intervención de municipios, lo que genera controversia sobre su proceder. En defensa del intendente Rodríguez, el abogado enfatizó que “no existe causal” para la intervención y anunció que la Municipalidad presentará un descargo formal ante el Ministerio del Interior, acompañado de toda la documentación pertinente, para demostrar que la intervención no está justificada.
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