Las secuelas pueden manifestarse en forma de lesiones físicas, infecciones de transmisión sexual, embarazos en adolescentes, trastornos de ansiedad, depresión y pueden incluso derivar en la muerte.
Frente a esta realidad, la detección temprana, la atención oportuna y el acompañamiento integral son fundamentales y pueden marcar una diferencia sustancial en la trayectoria de vida de los sobrevivientes. En este sentido, todos los servicios de salud del país están legal y éticamente obligados a brindar atención inmediata, integral, confidencial y libre de prejuicios a niños, niñas y adolescentes en situación de violencia.
Los servicios de salud deben cumplir con la obligación de comunicar los casos a los órganos competentes del sistema de justicia, garantizando así la protección efectiva de los derechos de las víctimas.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dispone de un «Protocolo de Atención Integral a Personas Sobrevivientes de Violencia», de aplicación obligatoria a nivel nacional. Este protocolo incluye herramientas técnicas esenciales para la correcta atención y gestión de los casos, tales como:
• Flujograma de atención integral para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
• Formulario de registro y atención en casos de maltrato y abuso sexual.
• Documento de consentimiento informado.
• Procedimientos para la cadena de custodia de evidencias.
Este conjunto de instrumentos normativos y técnicos busca asegurar un abordaje multidisciplinario, respetuoso de los derechos humanos y centrado en la dignidad de las víctimas.
Respetar, proteger y garantizar los derechos de cada niño, niña y adolescente no es solo una responsabilidad institucional: es un imperativo ético que compromete a toda la sociedad.
Si sos testigo de violencia, denunciá. El silencio también cobra vidas.
Niños alzan la voz contra abuso sexual
En el Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual, niños y adolescentes marcharon exigiendo políticas efectivas de prevención y justicia. Denunciaron el aumento de abusos y la falta de protección, con más de 1.300 casos solo en los primeros cinco meses de este año. Reclaman participación en las decisiones que afectan sus vidas y un alto a discursos que normalizan casos.
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