Niñez en riesgo: el 80% de víctimas de abuso tiene entre 1 y 14 años

Solo en enero fueron atendidos 120 casos; en febrero, 153; en marzo, 124; y en abril, 119. El 83% de las víctimas son del sexo femenino, según el informe del Observatorio del Ministerio Público.

Aunque la labor de la Clínica Forense es clave en investigaciones fiscales sobre delitos sexuales, los recursos con los que cuenta no están a la altura de la demanda de intervenciones que recibe, según comentaron desde el Ministerio Público.

Clínica Forense cuenta con recursos muy limitados

La Dirección de Clínica Forense del Ministerio Público cumple una función esencial en la investigación de delitos sensibles como abuso sexual, maltrato infantil, violencia de género y agresiones físicas. Sus profesionales intervienen directamente en el lugar de los hechos, incluyendo hospitales, viviendas, hogares de ancianos, cárceles, escuelas y hasta clínicas clandestinas. Además de los exámenes físicos, ginecológicos y proctológicos, realizan tomas de muestras para pruebas de ADN, detección de sustancias tóxicas y alcoholemia, así como pericias para juntas médicas y juicios orales.

A través de sus informes y dictámenes médico-forenses, este organismo apoya a jueces, fiscales y tribunales en el esclarecimiento de casos que afectan a los sectores más vulnerables, como niñas, niños y adultos mayores. Según la ley, se considera niño a toda persona menor de 14 años, y se define como “entorno cercano” a familiares directos o personas con vínculos afectivos estrechos. Esto es clave para entender los contextos de abuso y negligencia en los que muchas veces se cometen estos delitos.

Pese a la amplitud de sus funciones y a la alta demanda de servicios, la Clínica Forense enfrenta serias limitaciones presupuestarias. La falta de infraestructura adecuada y de personal especializado impacta directamente en la capacidad de respuesta ante casos de fuerte impacto social. Desde la institución insisten en la necesidad urgente de contar con más recursos humanos y técnicos para garantizar intervenciones eficaces y justicia oportuna para las víctimas.