Godoy explicó que, durante el contexto de la pandemia, las gobernaciones recibieron la suma de USD 1.000.000, a los efectos de la reactivación económica. “Fue entre el 2021 y el 2022”, precisó el letrado.
Sin embargo, sostuvo que la mitad de esos fondos aludieron los pasos administrativos de licitaciones normales.
“El dinero lo retiraban los mismos funcionarios de la gobernación, inmersos en organizaciones sociales ajenas a la pandemia”, aseguró Godoy.
Si bien el abogado reconoció que los trabajadores pueden formar parte de una ONG, atendiendo a que ninguna ley lo prohíbe, cuestionó el hecho de “retirar ese dinero de tu propio jefe, siendo vos el funcionario”.
A modo de ejemplo, señaló a la directora de Acción Social en ese entonces, Julia Mendoza Ocampo.
“Solo ella retiró más de G. 3.000 millones para ayuda a productores. En cuanto a obras y gestiones se adquirieron fogones de cocina que no van a costar ni G. 400 mil, y se compraron por G. 4 millones”, alegó.
Finalmente, el abogado descartó que se trate de una supuesta persecución en contra del oficialismo, argumentado que solo fue contratado para llevar adelante la denuncia penal.
“No es una conspiración de la disidencia. Esto llegó hasta mi estudio jurídico, me dieron los elementos y estoy convencido de que existen evidencias para que este señor responda ante la Justicia”, concluyó.
La denuncia sería presentada ante la Fiscalía General del Estado en el transcurso del día.
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