Según explicó Gutiérrez, se trata de una figura legal que establece una pena máxima de entre 25 a 35 años de cárcel, pero una vez cumplida, se puede evaluar al condenado y determinar si la reinserción es posible. Caso contrario, la persona mantendrá su reclusión.
“Hay gente que no está en condiciones de vivir en nuestra sociedad y que son un peligro”, reflexionó el ministro.
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