“La operación fue totalmente lícita. El 20 de agosto del 2024, yo firmo un acuerdo de honorarios, donde se establece un monto del 20% de lo que puede percibir Alexandre Gomes en concepto de herencia dentro de la sucesión, alrededor de USD 25 a 30 millones, y otros USD 300 mil por la causa penal”, explicó el letrado.
Posteriormente, sostuvo que llegada la fecha tope para cumplir con el compromiso, ya en febrero del 2025, conversó con su cliente, quien, al no contar con el dinero, ofreció transferirle cuatro inmuebles.
“Me ofreció ganado, vehículos, le dije que no me interesa, entonces me ofreció propiedades y le dije que no tenía problema, siempre y cuando se pudiera hacer la transferencia”, señaló.
“Los trámites finalizaron en mayo del 2025, pero hasta julio de 2025 el no tenía ningún bloqueo para disponer de sus bienes”, enfatizó Tuma.
A su criterio, la hipótesis del supuesto lavado de dinero es “ilógica”, alegando que, de ser ese el caso, Alexandre Gomes pudo haber dispuesto de todas sus propiedades y otros bienes al mismo tiempo, en lugar de transferir solamente lo necesario para sus honorarios.
Medidas legales
Cuestionado por el rol de una funcionaria de Registros Públicos, quien habría incurrido en supuestos delitos informáticos, con el presunto objetivo de permitir la transferencias de los inmuebles, el letrado sostuvo que no la conoce y que no existe ningún tipo de complicidad al respecto.
Inclusive, adelantó que iniciará acciones legales contra la mujer, así como contra la propia institución de Registros Públicos.
“Yo soy el único afectado”, sentenció.
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